Allende, sólo parte de una tragedia mayor: Sergio Aguayo

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Foto: Especial

Los tres niveles de gobierno cometieron graves omisiones

Por: Paola A. Praga

Saltillo, Coah.- Las víctimas de la masacre de Allende se encuentran en el desamparo de las autoridades municipales, estatales y federales, mientras que los tres niveles de Gobierno cometieron una serie de graves omisiones desde el inicio del proceso judicial del caso.

En entrevista para Zócalo, el académico y politólogo Sergio Aguayo explicó que estas son algunas de la conclusiones derivadas del informe en el Desamparo, realizado por el Colegio de México y en el que también participaron los investigadores Delia Sánchez, Manuel Pérez Aguirre y Jacobo Dayán.

La investigación sobre las masacres de San Fernando, Tamaulipas, y Allende, Coahuila, en 2010 y 2011, fueron analizadas con el objetivo de buscar un acercamiento a la verdad sobre dos de los hechos más violentos en México en los últimos años.

Aguayo señaló que, al menos en el caso de Allende, los testimonios apuntan a que se trató de una venganza de un cartel del narcotráfico contra de exintegrantes de dicha organización, pero que involucraron a más personas.

Precisó que sería errado contabilizar un número de víctimas y desaparecidos y si estaban involucradas en el narcotráfico, pues independientemente de la relación existen víctimas que deben ser atendidas.

“Hay un desamparo total, en el caso de San Fernando como en el de Allende, aunque con matices, porque hay diferencias muy grandes de lo que hacen y dejan de hacer en Tamaulipas y Coahuila, son dos muros diferentes, en suma, es un trabajo que busca contribuir a buscar solución para las víctimas y no sólo condenar las atrocidades sin nombre que se cometieron”
explicó Aguayo.

Expresó que la cifras del informe se basan en el número de
desaparecidos que aparece en el expediente de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de Coahuila.

El investigador aseguró que previo al desarrollo de la investigación se realizó un acuerdo entre la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y el Gobierno estatal para respetar la total independencia académica del informe y sus conclusiones.

Aguayo adelantó que ambas instituciones ya tienen conocimiento de los resultados del informe, que será presentado hoy en la Ciudad de México.

VÍCTIMAS DE DOS TRAGEDIAS

El eje de la investigación es una revisión de la manera en como las víctimas de Coahuila y Tamaulipas fueron tratadas por las presidencias municipales, los gobiernos estatales y las instituciones, así como del Poder Ejecutivo y organismos
autónomos.

“Lo que hace diferente esta investigación a otras, es la magnitud de lo que hicimos en término de rastrear lo que se ha publicado en medios de comunicación tanto en México como en medios internacionales, además de que está basada en una comparación sistemática”, explicó el politólogo.

Agregó que en Coahuila fue el Estado quien tomó cartas en el asunto, generó carpetas de investigación y promovió medidas, mientras que en Tamaulipas el Gobierno estatal figuró por su inacción ante una respuesta impulsada por la
Federación.

“Esto permite tener una idea precisa de cómo se trató a dos grupos de víctimas, unos ejecutados, otros desaparecidos”, reiteró.

OLVIDADOS EN EL DESAMPARO

El Seminario sobre Violencia y Paz de El Colegio de México realiza un estudio independiente de dos masacres: San Fernando, Tamaulipas en 2010, y Allende, Coahuila en 2011. En el primer caso ejecutaron a 72 migrantes; en el segundo desaparecieron entre 28 y 300
personas.

Asimismo, se harán recomendaciones a los diferentes actores sobre acciones específicas para mejorar la respuesta ante estos casos y para evitar su repetición.

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EN BUSCA DE LA VERDAD

Aguayo manifestó que refrenda que el sistema de justicia en México está pensado para encontrar culpables.

“Nuestro enfoque, en consecuencia, es buscar verdades. Para mí es un error el aparato de justicia que tiene México, y eso se dice en el informe. El objetivo no era solamente denunciar lo que está mal y hacer una serie de recomendaciones, sino plantear las políticas que se deberían de seguir para tratar a las víctimas”.

Aguayo y su equipo de investigadores consideraron que este enfoque representa un paso imprescindible hacia la justicia, así como a la reparación integral de las víctimas.

“Lo que hicimos fue desmenuzar y saber cuántos policías había por ejemplo, y según esos testimonios hacemos una revaloración critica de la investigación que hizo la Procuraduría estatal, las fallas y los errores dentro de eso. Podemos decir entre mayo de 2011 que es la primera denuncia registrada hasta noviembre de 2015, que hizo y no hizo la Procuraduría, que es muy importante para poder tener una opinión sobre acciones y
omisiones”.

Debido al reducido margen de tiempo de la investigación, ambos temas continuarán estudiándose en los próximos meses.

“Una de las omisiones es que no tuvimos tiempo para hacer trabajo de campo, porque nos entregaron los expedientes en agosto y tuvimos que ponernos a revisarlos en serio. Vamos a seguir investigando el tema, ya habrá oportunidad de que hagamos los acercamientos que se requieren”, concluyó.

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